Organiza el acto el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE) y colaboran el Instituto de Historia y Cultura Millitar, la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y el Observatorio de las Fuerzas Armadas y Reserva Militar.

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María Lara Martínez.

Según la AIC-FACE, se hace necesario que los profesionales de la Criminología conozcan cuáles son las herramientas a su alcance para el desarrollo profesional de los criminólogos y de las criminólogas. Así surge la necesidad de ahondar en la Criminología Aplicada, fomentar el conocimiento de la misma y la investigación criminológica en este sentido. De esta manera este seminario pretende poner de manifiesto cuál es la investigación criminológica aplicada en este momento y cuáles son los aspectos a desarrollar en el futuro. En este seminario se pretende dotar a los asistentes de conocimientos básicos en tres aspectos claves de la Criminología Aplicada: criminología preventiva, criminología clínica y criminología forense.

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El homicida había sido condenado por un tribunal del jurado en Palma de Mallorca. La sentencia inicial condenó al acusado como autor del homicidio de su compañero sentimental a 13 años con la agravante de parentesco.

Sin embargo, el Tribunal Superior de las Islas Baleares estimó parcialmente el recurso del acusado y redujo la pena a 10 años de prisión al considerar que en la sentencia del jurado solo hablaba de que ambos “mantenían una relación sentimental”. Aserto escueto que, para el TSJ de Baleares, no permitía agravar la pena.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, resalta que, al tratarse de una pareja homosexual de dos hombres “se está extramuros de todo supuesto de violencia de género, pues ese ‘género’ es según la ley, única y exclusivamente la mujer, no pudiendo ser víctima el hombre”.

Tras resituar el debate en la circunstancia de parentesco, la sentencia del Supremo estima que entre agresor y víctima existía una relación estable al compartir domicilio y llevar una vida en común. La Sala considera, además, un “dato relevante -también incluido en la sentencia de primera instancia, aunque deslizado indebidamente en la fundamentación-, el de la dependencia económica que tenía la víctima respecto de su agresor”.

Por lo demás, está “fuera de toda duda” que la relación estable a que se refiere el art. 23 del Código Penal “incluye tanto la pareja heterosexual como la homosexual, y ello en virtud de la Ley 13/2005 de 1 de Julio de reforma del Ccivil que reconoció el matrimonio entre personas de igual sexo en clave de absoluta igualdad que el matrimonio heterosexual”.

“Hay que recordar la obviedad de que la Humanidad se divide entre hombres y mujeres no entre homosexuales y heterosexuales –destaca el Supremo-, por lo que no sería admisible excluir la relación estable afectiva entre dos personas del mismo sexo, cuando la razón de ser de la agravante es la misma en una pareja homosexual que heterosexual”.

Por todo ello, el Alto Tribunal estima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal al considerar que no puede dudarse de que el agresor y la víctima mantenían una relación sentimental estable, a la que se refiere la agravante de parentesco.

Fuente: CGPJ

Nacido en Denver, Co en 1931 y criado en California, se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago (1959) y fue un prolífico profesor de Política Gubernamental en Harvard y en la Universidad de California, Los Ángeles.

Interesado por la gestión pública, el funcionamiento de las administraciones, las lógicas burocráticas, el crimen, la justicia criminal o la política urbana, este autor ha sido considerado el inspirador de las políticas de “tolerancia cero” y de los modelos de policía de proximidad (community policing o community-based police). Pocos autores han hecho una contribución de mayor impacto desde el ámbito de la Criminología a las políticas públicas de seguridad.

Junto con su colega George L. Kelling, desarrolló en 1982 la llamada teoría de las ventanas rotas.

En las última décadas había sido asesor de Seguridad Ciudadana del Alcalde de la ciudad de Nueva York, R. Giuliani, puesto desde el que tuvo la oportunidad de diseñar una reglamentación de la seguridad ciudadana fundamentada en la “tolerancia cero” y materializada principalmente en nuevos modelos de organización policial comunitaria. Este modelo ha sido señalado por muchos como factor del descenso de la criminalidad en los EEUU.

En un pequeño artículo de 1982, “Broken windows and neighborhood safety” (The Atlantic Monthy, Vol 249, Nº 3, pp. 29-38, Marzo 1982), Wilson y Kelling argumentaban que a nivel comunitario, el desorden y el delito están inexorablemente unidos. A partir de un conocido experimento del psicólogo de Berkeley Phillip Zimbardo en 1967, los autores planteaban que el desorden y la criminalidad formaban parte de una cierta secuencia social, de modo que si una ventana se deja sin reparar, el resto de las ventanas pronto estarían rotas. Que el control social era tan importante como las reglamentaciones formales, y que la permisividad de determinadas conductas “incívicas” o “desviadas” conducían al colapso de los controles comunitarios, convirtiendo una comunidad en zona vulnerable a la “invasión criminal”. Su propuesta, de gran impacto en la comunidad científica, fue extensamente desarrollada en 1996 por sus colega G. Kelling y Catherine M. Coles en “Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities”.

La tesis de las ventanas rotas y la idea de la “tolerancia cero”, ha logrado en las última décadas gran resonancia, no sólo en los centros de poder y gestión de la seguridad comunitaria dentro y fuera de los EEUU, sino en el nivel mediático y social, convirtiéndose en la narrativa dominante que informa las políticas de seguridad ciudadana.

La metáfora de las ventanas rotas puede servir, sin embargo, para abordar la realidad sociopolítica mucho más allá del cuidado del mobiliario y la prevención de la decadencia urbana. Esta potente metáfora sirve también para señalar y etiquetar, en los términos conferidos por Howard Becker, comportamientos desviados susceptibles de criminalización. Los propios autores emplean la metáfora al subrayar: “el ciudadano que teme al borracho maloliente, al adolescente revoltoso o al mendigo insistente no está expresando meramente su disgusto por conductas impropias; está dando a conocer un poco de sabiduría popular (..) que el crimen callejero grave florece en la zonas en que no hay restricciones para las conductas fuera de orden.- el mendigo no controlado es, en efecto, la primera ventana rota” (2001:6).

Pero cualquier estudiante de sociología de la desviación sabe que la desviación social y las conductas “incívicas” son sensibles al cambio social y que parte fundamental de la desviación, como del crimen, tienen que ver con la reacción social. ¿Qué es entonces un comportamiento desviado?, ¿y qué uno criminal?. Si lo que se define como desviado, incívico o criminal varía en el tiempo y en el espacio, una metáfora como la que ha informado las políticas de seguridad ciudadana en muchas ciudades -desde Nueva York hasta Marbella- puede llevar desde la criminalización del botellón a la “patada en el culo” a mendigos, prostitutas, inmigrantes ilegales , peligrosos sociales y un largo etcétera que nunca se sabe hasta dónde se puede extender.

En otro sentido muy distinto, en la narrativa dominante de la tolerancia cero, la definición de la seguridad comunitaria pasa, fundamentalmente, por el mantenimiento del orden público. La policía es la clave para lograr dicho objetivo, pero la colaboración ciudadana tiene un papel ciertamente relevante. Se prescribe un modelo policial basado en las relaciones de cooperación con la ciudadanía, un modelo cercano, un modelo de patrulla permanente y muy visible, que cualquier ciudadano es hoy es capaz de percibir. Un modelo de seguridad ciudadana en el que la policía debe proteger no sólo a los individuos sino a la comunidad en su conjunto con el fin de mantenerla “sin ventanas rotas”. Una comunidad en la que no haya evidencia de que el comportamiento antisocial es aceptable.

Este modelo de comunidad segura puede ser útil en algunos aspectos, pero en su diagnóstico central, es ciertamente limitado. Por un lado, desde el punto de vista de quien habita la ciudad, se trata de un modelo que está en las antípodas de lo que la célebre urbanista Jane Jakobs (Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas, ed, Capitan Swing, 2011) entendía como ciudad segura. Cuando el ruido, el mal olor, el peligro que entraña los coches a gran velocidad, la transformación de los espacios públicos en zonas intransitables en inhabitables convierten los barrios en lugares mucho más inseguros y poco agradables, invitan a sus ciudadanos a salir de ellos, no a colaborar con la policía.

Finalmente y de una manera más general, desde el punto de vista sociopolítico, la aceptación social de la securitización de la vida, del espacio público, y de la mayoría de los procesos sociales cotidianos (videovigilancias, escáneres etc..), junto con el populismo punitivo creciente en la última década, está transformando de manera significativa las practicas cotidianas de los ciudadanos y las relaciones de éstos con el Estado.

Dejo el artículo por si es de interés.

James Q. Wilson y George L. Kelling “Ventanas rotas: policía y seguridad en los barrios”. Traducción de Daniel Fridman, publicado en Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, N°15-16, 2001, pp. 67-79.

Varios estudiantes siguieron mi propuesta y escribieron en el Foro sus conclusiones. Muy interesantes y certeras. Finalmente, ésta fue (en extracto) mi interpretación:

“Dice inicialmente el magistrado que, en todo caso, la participación del policía en el delito de prevaricación lo sería como cooperador necesario. No puede ser de otra forma, puesto que el policía del caso no podría realizar el tipo de la prevaricación como autor.

La cuestión, entonces, es: si no puede ser autor (dice el mismo FJ 4º que lo sería “el Pleno de la Corporación Municipal y en su nombre el Secretario General”) ¿para qué interpreta y analiza la sentencia el tipo de la prevaricación?

Alguna cuestión sobre autoría y participación (Parte General del Derecho penal): sólo puede participar alguien en un delito (cooperador necesario, inductor, cómplice) si el hecho es, precisamente y en el caso concreto, delictivo. Dicho de otra manera: para que haya un cooperador necesario es imprescindible la existencia también de un autor propiamente dicho. No habiendo autor de un hecho delictivo es imposible la presencia de un cooperador necesario.

No obstante, en algunas ocasiones sucede que el hecho no es delictivo, pero sí la participación en esos hechos. Ocurre así en el caso de la participación en el suicidio. El suicidio es impune en nuestro Derecho penal, pero sí se castigan determinados supuestos de participación en él (art. 143). Pero, nótese, el legislador en estos casos, lo indica expresamente y no remite implícitamente a los artículos correspondientes de la Parte General (precisamente porque son excepciones a la regla general).

En definitiva, creo que hubiera bastado, en el FJ 4º de la sentencia, con apuntar que el policía del caso no podía ser autor del delito de prevaricación. Y, no habiéndolo cometido quien podía hacerlo (“el Pleno de la Corporación Municipal y en su nombre el Secretario General”), no es posible la imputación como cooperador necesario. No existiendo un autor del delito de prevaricación resulta imposible la imputación de otra persona a título de partícipe”.

Desde 2001, la Sociedad Europea de Criminología organiza una Conferencia Anual sobre la Criminología en el ámbito europeo.
En esta edición, estará organizada en colaboración con el  Instituto vasco de Criminología (Universidad del País Vasco) y pretende ser un espacio de reunión, intercambio y  promoción de la transferencia de conocimiento entre profesionales europeos que desarrollan su investigación en el campo de la Criminología.

Fecha límite para enviar  comunicaciones: 01/06/2012